Desde septiembre del año 2004, fecha de aprobación de la Ley Concursal, se han presentado un total de 157 declaraciones de quiebra por parte de particulares.Las Comunidad Autónomas donde más quiebras se producen son las del arco mediterráneo, Valencia, Cataluña y Murcia.
La actual Ley Concursal permite a empresas y particulares declararse insolventes, cuando no pueden hacer frente a sus deudas, de esta manera se evita el mandamiento de embargo por parte de los tribunales de los bienes que poseen. Una vez declarada en quiebra, la familia paraliza el cobro de las deudas y las órdenes de embargo que sobre sus bienes tengan, aunque a cambio la familia no podrá tocar sus bienes. Los administradores concursales se hacen cargo de la gestión del patrimonio familiar. Se establece una cantidad mínima para vivir y el resto se deja como fondo para hacer frente a las deudas. El último paso es la junta de acreedores, donde se establece la forma de pago con los acreedores, así como el tiempo y las condiciones. La ley concursal permite un periodo máximo de pago de cinco años y una rebaja de las deudas hasta el 50 %.
Esta tendencia parece que puede ir en aumento si como se espera el BCE aumenta el tipo de interés en los próximos meses, incrementándose el pago mensual que las familias realizan por su hipoteca.
El encarecimiento del precio de la vivienda y la inflación provocada por el cambio del euro por la peseta, son los principales causantes de este incremento de la insolvencia familiar.
En el año 2006, un matrimonio de Cataluña consiguió que un juez dictaminará un acuerdo con sus acreedores para evitar los embargos y dejar de pagar un 30 % de los 160.000 € que debían.
Vía ABC, Invertia
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