Ecuador ha decidido quedarse con el beneficio que obtengan las petroleras en el país, lo que equivale a una nacionalización encubierta.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, emitió un decreto por el cual establecía que las petroleras establecidas en ese país, debían "ceder" al Estado el 99 % de los ingresos extraordinarios obtenidos como consecuencias de los aumentos del precio del petróleo, dejándolas únicamente el 1 %, en concepto de "concesión".
Estos ingresos extraordinarios se obtienen a partir de la diferencia entre el precio de mercado del petróleo y el precio pactado entre las petroleras y el estado ecuatoriano. Del resultado de esta diferencia, el 1 % irá a manos de las petroleras y el 99 % restante al estado de Ecuador.
Tras este decreto ha amenazado a las petroleras con que sino asumen el mismo, esta dispuesto a establecer mediante otro decreto, que el 100 % de las ganancias deban ser entregadas al estado de Ecuador.
Para poder poner en marcha esta medida, el presidente ecuatoriano deberá suprimir el actual contrato de participación, donde las empresas asumen íntegramente los riesgos de la operación a cambio de obtener un precio fijo y una parte variable y pasar a un contrato de prestación de servicios.
Vía | Libertad Digital, El País
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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, emitió un decreto por el cual establecía que las petroleras establecidas en ese país, debían "ceder" al Estado el 99 % de los ingresos extraordinarios obtenidos como consecuencias de los aumentos del precio del petróleo, dejándolas únicamente el 1 %, en concepto de "concesión".
Estos ingresos extraordinarios se obtienen a partir de la diferencia entre el precio de mercado del petróleo y el precio pactado entre las petroleras y el estado ecuatoriano. Del resultado de esta diferencia, el 1 % irá a manos de las petroleras y el 99 % restante al estado de Ecuador.
Tras este decreto ha amenazado a las petroleras con que sino asumen el mismo, esta dispuesto a establecer mediante otro decreto, que el 100 % de las ganancias deban ser entregadas al estado de Ecuador.
Para poder poner en marcha esta medida, el presidente ecuatoriano deberá suprimir el actual contrato de participación, donde las empresas asumen íntegramente los riesgos de la operación a cambio de obtener un precio fijo y una parte variable y pasar a un contrato de prestación de servicios.
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