La reforma del Código Penal aumenta el plazo de prescripción del delito fiscal de los cinco actuales a diez años.
Se cumple de esta manera con una vieja reclamación de los inspectores de Hacienda, ya que existen numerosos delitos que se detectan una vez transcurridos muchos años.
En la actualidad, cuando la Agencia Tributaria descubre un fraude superior a 120.000 euros, límite a partir del cual el fraude fiscal se considera delito, envía el caso a la Fiscalía y se ve obligada a detener las acciones realizadas con el fin de cobrar la deuda por vía administrativa. Con la reforma del Código Penal, la Agencia Tributaria podrá reclamar la deuda independientemente de que el caso se encuentre en vía administrativa o penal.
El objetivo perseguido es que la denuncia por delito fiscal no paralice el procedimiento de liquidación y recaudación realizado por la Agencia Tributaria.
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